El feminicidio es un problema multidimensional que atañe a todos

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Publicada Marzo 2018 Edición 122

El CMU ha contabilizado alrededor
de 105 casos de 2008 a la fecha

Para entender la gravedad del pro­blema de feminicidio es necesa­rio hacer un ejercicio de empatía y tratar de imaginar cómo siente y cómo piensa una persona que se entera que el dorso de su hija, hermana o familiar está tirado en la calle a punto de ser que­mado como los restos de cualquier animal y que las autoridades te entreguen una parte del cuerpo en un féretro y los restos faltantes al otro día.

O qué pensar del asesinato a una jo­ven sólo por el hecho de ser la jefa de sus victimarios, quienes no quisieron pagarle el dinero de una tanda.

Si perder a un ser querido es extrema­damente triste, el nivel de dolor es abso­lutamente irracional cuando el deceso es con signos de violencia que se pudieron prevenir con la aplicación de políticas pú­blicas adecuadas.

Por ello, “el feminicidio es un tema que atañe a todos los sectores de la sociedad porque una máxima popular dice que tan­to peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, perdón por la expresión, pero para la comprensión popular es muy útil, porque es tan responsable de ma­nera directa el que le arrebata la vida a una mujer como el que se ubica en una zona de confort o cierra los ojos a esta realidad, o aquel que no quiere escuchar porque la naturaleza humana tiene cla­roscuros, ya que podemos ser capaces de los actos más heroicos, pero también de las cosas más vergonzosas que nos llevan a preguntar si eso realmente compete a una calidad humana”, establece la activis­ta Silvia Nava Nava.

Revista Momento presenta un trabajo acerca del feminicidio en el que se abor­da el aspecto social, el seguimiento a este problema en Tlaxcala y cómo investiga la Procuraduría General de Justicia del Esta­do (PGJE) este delito.

Las fuentes consultadas son la pre­sidente en Tlaxcala de la asociación ci­vil Todos para Todos, Silvia Nava Nava; la directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), Edith Méndez Ahuactzin y el en­cargado del despacho de la PGJE (hasta el 27 de febrero), José Antonio Aquiáhuatl Sánchez.

Al respecto, Silvia Nava, quien estudia procesos de implantación de la perspecti­va de género, las normas legales que tie­nen que ver con la paridad y la igualdad, así como los protocolos de atención a la violencia, comenta que el feminicidio ha existido desde hace muchísimo tiempo, pero en la época reciente los movimientos nacionales e internacionales de las muje­res han logrado especificar e identificar que el origen y la culminación de la ex­trema violencia termina con el feminicidio, debido a un proceso paulatino de violencia hasta el momento en el cual no se respeta la vida de una mujer.

Observa que la causas que contribuyen a que el feminicidio sea en la actualidad uno de los problemas graves de Tlax­cala y de México es que se ha venido desarrollando una serie de expresio­nes de violencia no controladas.

Inicialmente tiene que ver con una forma autoritaria que se desa­rrolla desde la edad más temprana al interior del núcleo familiar y que va creciendo, pues hay un tipo de len­guaje gravísimo de interpretaciones confusas tanto de la feminidad como de la masculinidad,

Aborda que hoy en día existe lo que se denomina perspectiva de gé­nero para ver este tema con un en­foque multidimensional.

La PGJE no tiene miedo de radicar
carpetas de investigación por
este delito: Aquiáhuatl

Por ejemplo, en el aspecto econó­mico, en otros momentos, las mujeres no tenían derecho a aspirar a tener sus propios ingre­sos, costó muchí­simo llegar a ello y eso deviene de un movimiento en la transformación del pensamiento femenino. El hecho de que las mujeres salieran a las fábricas mientras los hombres no estaban en los distintos momentos de crisis económica, tam­bién fue dando herramientas para te­ner cierto grado de autonomía.

El acceso a la educación fue una herramienta extraordinaria que contribuyó tanto al desarrollo de la persona como al potencial humano femenino. Posteriormente, surgió la autodeterminación de las mujeres de cómo ejercían sus derechos sexua­les, de maternidad y, por supuesto, la apropiación de su cuerpo en las decisiones que pertenecen a cada una de ellas.

Por otra parte, sostiene que el problema de la violencia hacia la mujer ha crecido desde el núcleo fa­miliar, en virtud de que la convivencia en la adolescencia y juventud se da en condiciones de desigualdad y no se puede pensar que se dé una re­lación equitativa y de respeto entre hombres y mujeres.

Silvia Nava reflexiona que ante la falta de una cultura de respeto en la sociedad se han visto eventos de extrema violencia, donde mujeres son agredidas y cada vez el tipo de violencia que se ejerce hacia ellas es más estridente, más peligroso, al grado que eso denota que si no exis­te impunidad hacia los agresores, en­tonces existe cada vez más audacia de éstos para delinquir.

Refiere que a la organización To­dos para Todos (asociación que pro­movió la solicitud para que se declare la Alerta de Violencia de Género ha­cia las Mujeres en Tlaxcala) han lle­gado voces y demandas de apoyo de muchas personas del género femeni­no y de familias que no han encon­trado quién los escuche y requieren de una respuesta a su pena.

Por eso –insiste– el problema de los femi­nicidios es multidimen­sional, “se tiene que ver el dolor de la gente como el dolor de no­sotros mismos, ya que nadie está exento de un daño como éste. Así, quienes ostentan el poder político o la representación popular y tienen la capacidad de impartir jus­ticia y autoridad, deben ejercer una introspección, una revisión interior para saber qué realmente estamos haciendo bien, qué tenemos que mejorar, con quiénes debemos su­marnos para que todos los esfuer­zos tengan una mejor rendición de cuentas en cuanto a cómo se alcan­za la penalidad y responsabilidades para las personas que comenten este delito y que en muchos casos salen de la cárcel con el pago de una fian­za, a pesar de ser identificados como responsables de una acción penal o sujetos de acción penal”.

Analiza que un aspecto que no se ha mencionado es que en los cuatro o cinco feminicidios que se cometie­ron entre enero y febrero de 2018 en Tlaxcala existe un origen de des­igualdad en las familias de las víc­timas.

Por ejemplo, el papá de Wendy, jovencita cuyo cuerpo apareció des­membrado en la población de San Benito Xaltocan, municipio de Yauh­quemehcan, tiene que ir y venir a los juzgados y eso implica que debe es­tar pidiendo permisos en su trabajo y a veces ya no se puede, sabe que está exponiendo su empleo, que ir y venir a los juzgados implica el gas­to de pasajes, comprar por lo menos una botella con agua, muchas veces va sin comer, pero el deseo de que se imparta justicia lo impulsa a subir de una oficina a otra, a escuchar distin­tas opiniones.

Él dice que ya no quiere hablar con los medios porque las autorida­des ya le dijeron que le van ayudar, pero aquí cabe la pregunta quién le va ayudar, si es un asunto de pleno Derecho. “Cómo te van ayudar de lo que en forma irrestricta tiene que ser la aplicación de la justicia de una for­ma amplia y de forma contundente”, enfatiza Silvia Nava.

Indica que en los casos de femini­cidio existen muchas imágenes y vi­siones que llevan a la pregunta qué es lo que cada uno quiere ver.

“Nosotros estamos mirando lo que vive nuestra gente y no lo está haciendo a través de declaraciones desde un espacio protegido, sino desde el diario batallar con los pro­blemas que la hacen vivir en medio de la angustia y de la preocupación porque ya no sabes si va a salir tu hija, tu hermana o tu esposa y si vol­verá a casa por la noche. El hecho de que una mujer trabaje en un momen­to dado puede ser un riego, porque en una cultura confusa, cierto tipo de personas pueden sentirse afec­tadas por el desarrollo de la mujer y actuar de forma violenta. Si te atre­ves a externar la diversidad de opi­nión puedes generar un sisma entre aquellos que tienen asegurado su es­tatus. Tenemos que revisar qué tipo de representantes, qué tipo de visión estamos construyendo y qué tipo de personas queremos en cada uno de los espacios. Creo que tiene que ver con una visión ciudadana, con una transformación que está más allá del análisis particular, es una necesidad retomar las prioridades de carácter social y aquellas responsabilidades fundamentales de aquel que ostenta un cargo y cuyo compromiso es ser­vir a la sociedad en el más sentido estricto de la palabra”.

Silvia Nava pondera que el len­guaje político se está depurando, ya que se están abandonando muchas de las formas retóricas y discursivas, que si bien son buenas, ya no son vi­gentes. “Tenemos que entender que esto está sucediendo y aprovechar esta oportunidad para actuar con los problemas genuinos que tenemos como sociedad”.

La activista sugiere hacer un programa de trabajo amplio, con cronología específica, con metas cuantitativas y cualitativas, metas geográficas, atacar el problema por regiones, por tipo de personas, por tipo de servicios, por espacios, por niveles de autoridad, por niveles de responsabilidad y niveles educativos.

Por ejemplo, la alerta por violen­cia de género lo que propicia son recursos adicionales a los que tiene presupuestados cada entidad a fin de generar herramientas para crear sistemas en los que se lleve un regis­tro estadístico con ciertas caracterís­ticas.

Por ello, critica las declaraciones del secretario de Gobierno, Tito Cer­vantes Zepeda, quien dice que aún no existe un protocolo para tipificar y desarrollar el proceso penal por fe­minicidio, cuando en otras entidades y en la misma Procuraduría General de la República (PGR) hay protocolos, “entonces sorprende mucho este tipo de comentarios”.

Asesinatos por el simple hecho de ser mujer

“En el caso de Jazmín, que tenía 21 años de edad, la mataron porque era jefa de la tienda donde trabajaba jun­to con sus victimarios. Ella aspiraba a una carrera, tenía una pareja bien avenida, tenía sueños, tenía un grado de autoridad sobre personal a su car­go que era masculino. No le pagaron un dinero que hizo de su patrimonio, como ahorro de una tanda, y entonces lo que te da como certeza es que hay una intolerancia al desarrollo personal de las mujeres. Por qué una mujer se atreve a aspirar a un nivel de otra na­turaleza y un varón que no soporta de ninguna forma sentirse, entre comillas, mandado por una mujer, pero estaba recibiendo un salario”, analiza.

Otro aspecto es el económico y en el caso de Jazmín la pregunta es por qué ella iba a tener un recurso que nor­malmente las mujeres no deben tener y no le pagan la tanda porque no les da la gana.

En el caso de Wendy se ve el caso de una mujer que trabaja, que está tra­tando de salir adelante porque estudia­ba y a la vez se ganaba la vida. Ella era de una familia muy modesta y otra vez se ve la intolerancia, la negativa, la falta de apertura para que las mujeres puedan seguir evolucionando.

El papa de Jazmín es mariachi y el de Wendy es policía y se gana los fines de semana un ingreso adicional vendiendo tacos de carnitas. “¡Ve nada más!”

Al analizar estos dos casos, Silvia Nava observa que hay un problema de revictimización por el origen de estas dos familias, pues comparado con el asesinato de Mara Fernanda Castilla en la ciudad de Puebla, éste hizo tanta mella en la sociedad porque era una universitaria, sus familias y amigos te­nían un nivel educativo más alto y has­ta un nivel social más alto; en cambio, en estos dos feminicidios perpetrados en Tlaxcala “lo que vemos es que se trata de dos jóvenes de un nivel social muy modesto”.

Los feminicidios además de acabar con la vida de mujeres, dejan secuelas muy graves en la familia de la víctima. Por ejemplo, la hermanita de Wendy tiene 13 años de edad y después de la muerte de su hermana constante­mente tiene problemas de que se sien­te triste y tiene ansiedad.

Es por ello que la también docente de secundaria apela a la empatía para que la sociedad en su conjunto haga conciencia de la gravedad de este de­lito.

“Invitaría a las personas a que tra­ten de sentir y pensar que sería para ellas que se enteran que el dorso de su hermana está tirado en la calle a pun­to de ser quemado como los restos de cualquier animal, que te entreguen en un féretro una parte y el resto después, no se desea eso a nadie; si perder a alguien es extremadamente triste, creo que es absolutamente irracional el ni­vel de dolor que puedas experimentar tan solo cuando haces este ejercicio de empatía”.

Este tipo de delito –sugiere– se de­biera revisar de origen porque puede estar ligado con la trata de personas y la desaparición forzada.

“Entonces es una situación de la que todos somos responsables porque no reconocemos lo que está pasando. La convocatoria sería a sumar esfuer­zos, tenemos como experiencia que no existe ni la persona ni la varita mágica que resuelva los problemas, ni el súper héroe ni la receta maravillosa ni mucho menos las soluciones a corto plazo. La palabra corto plazo tiene un significa­do valioso y terrible cuando reflexionas que lo que está sucediendo es un caldo de cultivo para que se reproduzca con más fuerza en algunos espacios este tipo de situaciones, porque si es fácil librarse de una pena o tardan tanto las resoluciones de los asuntos penales o si las responsabilidades, periodo y for­ma en que se castiga al infractor no es de una manera ejemplar, ¡caramba!, qué podemos pensar y de qué manera vamos a sacudirnos de aquellos que están empeñados en no respetar la vida de las demás”.

Lo que sí es un hecho es que el tra­bajo de las organizaciones de la socie­dad civil ha permitido que se visibilice y forme parte de la agenda estatal el problema de feminicidio y en general la violencia hacia las mujeres.

“Todos somos responsables y ahí la necesidad de formación para todos aquellos que se desempeñan dentro de la administración y ejercen el poder pú­blico más allá del crédito de un diplo­mado o de un curso de capacitación, se requiere de un trabajo permanente que permita ver la perspectiva de género como una cotidianidad”, puntualiza.

Aumentan las expresiones de violencia hacia las mujeres: CMU

Por su lado, la directora del CMU, Edith Méndez menciona que a nivel nacional se observa un aumento en las expresiones de violencia hacia las mujeres.

“En la última década el aumento de la violencia social no se detiene, continúa de manera permanente; sin embargo, la violencia de género tiene condiciones muy diferentes. Las razones o causas por las que los hombres son asesinados, si bien no lo minimizamos, en muchos casos estos también presentan condiciones de brutalidad, pero el hecho de ser mujer, de mirarse como mujer, es lo que lo hace diferente en este sistema machista y patriarcal”, externa.

Méndez Ahuactzin refiere que en el estado de Tlaxcala no se ha­bía mirado tanta brutalidad como se observa en la actualidad, es decir, la violencia que las mujeres están reci­biendo, al grado de ser asesinadas, ya presenta una clara misoginia de quienes la ejercen y las brutalidades con que son encontrados los cuerpos o los restos de las mujeres es eviden­te que tiene que tipificarse como fe­minicidio, lo que preocupa es por qué no se hace de esta manera”.

De 2008 a la fecha, periodo en el que el CMU ha trabajado el Obser­vatorio de Violencia de Género en Tlaxcala, se han cometido alrededor de 105 feminicidios, ya contados los de 2018, revela.

Empero, acota que desde que se legisló para tipificar el feminicidio como delito en Tlaxcala, que fue en marzo de 2012, de ese año a la fecha el CMU contabiliza alrededor de 70 casos y ninguno ha sido investigado como tal. “Eso es lo que nos preocu­pa y en enero de 2018 ya van cuatro feminicidios en el estado”.

De manera paralela, dice, “hemos observado que en las redes sociales ya se habla más del tema, se com­prende más qué es el feminicidio, se comparte información y hay quienes hablan que son más de 10 o más de 20 casos este año, sin que se tenga la certeza de que sea real o falsa esa información, pues la gente no se ha acercado para que en el Colectivo les demos acompañamiento jurídico, pero no dudamos que sean más de estos cuatro casos en 2018, en años anteriores hemos tenido información de casos de chicas que desaparecen y han sido localizadas asesinadas, que han sido víctimas de feminici­dio, sin embargo, hay familias que han decidido no hacerlo público por lo que cuesta. Hay muchos medios que no manejan con el tacto que se requiere actos como estos”.

Edith Méndez critica que las au­toridades siguen sin atender de ma­nera eficaz estos sucesos, pues de los cuatro casos de enero de 2018, han dicho que ninguno se está in­vestigando como feminicidio, pues los están indagando como homicidio doloso y si en el proceso hay caracte­rísticas que puedan tipificar el delito de feminicidio, lo harán.

Pero para la activista eso no ten­dría que ser así, ya que hace algunos años se ha ratificado que en el caso de delitos por cuestiones de género se tiene que iniciar una investigación por el delito de feminicidio y poste­riormente, en el camino, desecharla si es necesario. “Las autoridades no lo están comprendiendo así en el es­tado”, recalca.

El término feminicidio surge a raíz de la característica de género, un ho­micidio doloso es cuando alguien tuvo la intención de asesinar a otra perso­na, pero cuando se hace el análisis por razón de género, de fondo existe el odio o la misoginia por ser mujer, ya que los hombres quieren seguir te­niendo control sobre la vida y cuerpo de las mujeres, expone Edith Méndez.

Lamenta que muchos de los cuer­pos de mujeres asesinadas presen­tan mutilaciones o múltiples agre­siones, ya sea con arma de fuego o arma blanca. Un caso es el de una mujer de Zacatelco que fue asesina­da a balazos cuando bajaba de su automóvil enfrente de su casa en enero pasado.

El término de feminicidio surge porque no es la misma razón por la que se asesina a un hombre, ya que muchas veces en los varones los asesinatos tienen que ver con cues­tiones de deuda, están implicados en delincuencia organizada y hay ajuste de cuentas; sin embargo, a las muje­res las asesinan por el hecho de ser mujeres, por estar en un espacio que supuestamente no les corresponde como el público.

Recuerda que en una de las primeras investigaciones por feminicidio y trata de personas que se hizo en Tlax­cala hace casi 10 años, se revisaron los expedientes de las mujeres que fueron asesinadas y muchas habían solicitado la atención por violencia fa­miliar y las regresaban una, dos, tres, cuatro o cinco veces a su casa.

“La violencia siempre va en au­mento, si se habla de un ciclo de la violencia, hay quienes lo colocan como una espiral, va creciendo y mientras no se detenga, mientras el hombre que ejerce ese tipo de violen­cia no tenga ningún tipo de sanción, ya sea jurídica o social, va a conti­nuar ejerciéndola”, advierte.

Y sus palabras tienen como sus­tento el hecho de que muchas muje­res, de las que se tienen en el registro de que fueron asesinadas, las locali­zaron en su hogar y fueron matadas por su pareja, su ex pareja, novio o algún familiar.

El feminicidio se tipificó como de­lito en marzo de 2012 en Tlaxcala y después se hizo una reforma en la que se incluyó un artículo en el Códi­go Penal. Posteriormente, se redujo de 40 a 30 años la pena mínima por este delito.

“Hemos mirado, en cuestión le­gislativa, que la mayoría de las leyes cuando se reforman no responde a una necesidad del Estado o de la sociedad, sino que responde a una cuestión política”, lamenta.

De 2008 a la fecha, el CMU ha en­contrado en las estadísticas que se cometen en promedio ocho feminici­dios por año en Tlaxcala, aunque en un año hubo hasta 17 casos y en los recientes ha sido de 10 a 12. En 2017 fueron 16 y solo en uno se inició la investigación como feminicidio, que fue el caso de Jazmín, y los demás han quedado como homicidios.

“Este año es la misma situación y algo que llama la atención es que no hay ni una sola sentencia por fe­minicidio”.

Esto lleva a pensar a Edith Mén­dez que al no haber sanción, se da permiso de que se sigan cometiendo feminicidios y esto lo respalda con el hecho de que la mayoría de los cuer­pos son localizados en los hogares y la acción fue ejercida por un familiar o la ex pareja, principalmente, aunque en los últimos casos los cuerpos fue­ron localizados en un lugar público.

Agrega que cuando se presenta el caso de desaparición de una persona, éste se puede prestar a otros tres ti­pos de delito por razones de género: la primera es que si se localiza a la mu­jer, de alguna manera vivió una forma de violencia sexual como la violación o agresiones sexuales; la segunda es que se encuentran sus cuerpos cuando ya fueron víctimas de feminicidio y si no son localizadas, que sería la tercera, es porque son explotadas sexualmen­te. “Por eso se solicitó la emisión de la Alerta de Violencia de Género hacia las Mujeres en Tlaxcala”.

El proceso de investigación que si­gue la PGJE cuando hay una desapa­rición –explica– es mandar el caso a la mesa de secuestros y así no puede avanzar ya que generalmente se da carpetazo al asunto.

“En el caso de la trata seguimos mirando que hay pocas sanciones en el estado de Tlaxcala, más bien las sanciones han sido en otros estados o en otros países, y en el caso de los feminicidios, si es que son localiza­dos los cuerpos de mujeres en otros estados, hablamos de la región con Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz e Hidalgo, como hace dos años el caso de Brenda que se localizó en Puebla y era originaria de San Pablo del Monte”.

Por eso, considera que se tie­ne que capacitar a las autoridades porque no investigan ni juzgan con perspectiva de género, muchas veces son sus prejuicios los que están en los procesos y pareciera que las de­claraciones de las últimas semanas que han hecho las autoridades en el sentido de que la emisión de una Alerta de Violencia de Género hacia las Mujeres afectaría la imagen de Tlaxcala, han sido desde su desco­nocimiento y desde su prejuicio.

La demanda de las organizacio­nes de la sociedad civil es que a nivel nacional ya existen siete circunstan­cias para configurar la muerte de una mujer como feminicidio y la ley es muy clara de que cuando se presente alguna o varias de éstas, entonces se puede hacer la tipificación como tal.

Las siete circunstancias que esta­blece el artículo 325 del Código Penal federal son:

I.La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.

II. A la víctima se le hayan infli­gido lesiones o mutilaciones infames o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o le­siones del sujeto activo en contra de la víctima.

VI. La víctima haya sido incomu­nicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar pú­blico.

Otro punto que ha identificado el CMU es que el Estado no ha hecho ningún diagnóstico y, por lo tanto, desconoce cuáles son las condiciones y características de los feminicidios en Tlaxcala, que parece son diversas, por ejemplo, los agresores son hom­bres desconocidos y sus edades son diversas; en el caso de las mujeres víctimas, el contexto geográfico es diferente.

“El gobierno del estado no tiene la claridad de cuáles son estas con­diciones, lo que lleva a que no se in­vestigue, a que no se tipifique ade­cuadamente el delito. Al momento van tres tipificaciones que se hacen, el año pasado se quedó un caso en la congeladora. La sociedad civil ha propuesto acciones en términos jurí­dicos y marco normativo, pero no se han tomado en cuenta para contar con un entramado legal efectivo que asegure las condiciones de seguridad que necesitan las mujeres”, acota.

Comenta que de nada sirve que en las calles instalen más alumbrado público si no se acompaña con más rondines de seguridad y vigilancia para proteger a las mujeres cuando salen de trabajar por las noches. “Las autoridades han intentado respon­der, entre comillas, a las observacio­nes, pero no se hace de manera pro­funda y con un interés de modificar la realidad”.

En todo el país se dan feminicidios y hay entidades donde son más los casos, por eso la directora del CMU demanda que en Tlaxcala hay que garantizar el acceso a la justicia si son pocos los hechos y para ello las autoridades tendrían que atenderlos de manera adecuada y no minimi­zarlos, independientemente de la brutalidad o donde fue localizado el cuerpo.

“Podemos decir que en México y Tlaxcala tenemos leyes, el país ha firmado tratados internacionales, pero no se toman en cuenta, no se hacen efectivos. Lo que nos enoja, nos preocupa y nos indigna es que las declaraciones de las autoridades vayan más en el sentido de cuestio­nar lo que dice la sociedad civil, lo que la ciudadanía está expresando y no llevar a cabo su trabajo en todos los niveles”.

Como ejemplo de las omisiones en la aplicación de la ley, cita que hay desconocimiento sobre la emisión de una orden de protección hacia las mujeres para minimizar el riesgo de que pierdan la vida cuando son víctimas de violencia.

El CMU hizo un trabajo con jueces y juezas municipales el año pasado y hubo casos en los que dijeron que no han dado ninguna orden de pro­tección porque no saben si la pue­den dar, no saben si se cuenta con un protocolo o un reglamento que lo faculte.

“A 10 años de que se creó la Ley de Acceso a una Vida Libre de Vio­lencia a las Mujeres, es increíble que haya autoridades que desconozcan esta facultad, aunque hubo munici­pios que dijeron haber dado hasta 65 órdenes de protección”.

Otro problema es que los policías municipales no se meten en conflic­tos de violencia familiar, pues los jueces referían que cuando solicitan el acompañamiento de un elemento ante una orden de protección para sacar al que esta violentando a una mujer, los uniformados no quieren actuar porque son compadres, son conocidos o incluso son familiares, sin que esta omisión tenga conse­cuencias hacia ellos por incumplir su trabajo.

Otros policías alegan que no ac­túan porque después la mujer se va a retractar de sus declaraciones o se va arrepentir para proteger a su esposo.

En resumen, Edith Méndez con­cluye que existe desarticulación en todos los niveles de autoridades y el Centro de Justicia no tiene la capaci­dad para atender a la gente que se acerca, ya que regresan a las muje­res a su hogar sin ninguna protección y con ello se mantiene latente el ries­go de que vivan otro tipo de violencia o pierdan la vida.

“En el Plan Estatal de Desarrollo es mínimo el tema de género y de violencia, tal pareciera que la línea en invisibilizar la violencia. Ha habi­do cuatro desapariciones este año y ninguna recomendación por feminici­dio”, puntualiza la directora del CMU.

Protocolos de investigación de la PGJE

Con la finalidad de conocer cómo trabaja la PGJE los casos en donde perdió la vida una mujer, el entonces encargado del despacho de esta de­pendencia, José Antonio Aquiáhuatl expone que la investigación se hace a partir de la denuncia o el reporte al Servicio de Emergencias 911 de que hay el cuerpo de una persona falle­cida, ya sea del género femenino o masculino.

“El primer reporte que nos dan es de homicidio como tal, no sabemos si es doloso o culposo, si la persona fue atropellada o fue victimada, no sabemos si es el lugar de los hechos o lugar del hallazgo, entonces hay una serie de cuestiones jurídicas y técnicas en materia de criminalística de campo que no nos permiten en el primer momento tipificar el caso como feminicidio”.

Abunda que la carpeta de inves­tigación se inicia por homicidio. La PGJE tiene dos agencias del Minis­terio Público, una para atender los homicidios culposos y otra los homi­cidios dolosos.

“En ocasiones ha pasado que cuando va el Ministerio Público de homicidios culposos porque no son graves o con violencia, pero al estar en el lugar, el agente se percata que sí tiene violencia, que sí fue ultimado con arma blanca o con arma de fue­go, pero esa parte se ve hasta que se hace el levantamiento del cadáver”.

A un policía estatal, municipal o federal le es imposible, de cierta for­ma, determinar si es homicidio doloso o culposo, o si puede ser un femini­cidio al momento de que encuentra el cuerpo, ya que de acuerdo con los protocolos del primer respondiente, la primera autoridad que llega al lu­gar de un evento delictivo lo primero que tiene que hacer es resguardar y preservar la escena del crimen, luego esperar que llegue personal especia­lizado de la PGJE.

“Por eso cuando acudimos al le­vantamiento de un cadáver, ya sea en un domicilio particular, un paraje, una carretera o vía pública, compa­recemos por una denuncia previa por homicidio en contra de quien resulte responsable”, especifica Aquiáhuatl Sánchez.

Ahonda que el personal de la PGJE hace una serie de actos de in­vestigación desde el levantamiento del cadáver a partir de saber en qué lugar fue para precalificar si es un lu­gar despoblado, vía pública, empezar a tener elementos. También se hace la necropsia para conocer el tipo o número de lesiones, ver si fue abu­sado sexualmente o nada más fue ultimado, entonces toda esa serie de datos que no se tienen a simple vista o con el simple reporte, son datos de prueba que se van haciendo durante la investigación y que posiblemente se lleven a cabo en 10 actos de in­vestigación para tener elementos a fin de establecer que es un feminici­dio el que se enfrenta.

“Cuando tenemos los elementos jurídicos, materiales y probatorios periciales, es cuando podemos judi­cializar y pedir la orden de aprehen­sión por feminicidio y así ha pasado en varios casos”, indica.

Entonces, aclara que el hecho de que Procuraduría no radique una car­peta de investigación por feminicidio, no es porque se tenga miedo como se ha manejado en la parte social, pues la explicación es jurídica–técni­ca de que el feminicidio se puede dar en tres momentos.

El primero es en el momento mis­mo del levantamiento del cadáver, porque desde ese instante se obtie­nen datos fehacientes de que si es feminicidio; un segundo momento es cuando se inicia la investigación por homicidio y al momento de que se pide la orden de aprehensión al juez de control, se hace por femini­cidio porque se puede reclasificar la figura penal.

El tercer momento es cuando se lleva a juicio el caso, es decir, se pue­de radicar por homicidio, pero hasta que se va actuar para llevarlo a juicio es cuando se pueden tener elemen­tos para acusar por feminicidio.

El funcionario estatal menciona que el Código Penal permite a las procuradurías o fiscalías de Justicia que el Ministerio Público, al momen­to de estar en el juicio, puede pedir la pena por feminicidio en virtud de todas las pruebas desahogadas, en­tonces el tema de feminicidio requiere de una investigación con protocolos diferentes al de homicidios doloso, pero lo cierto es que algunas diligen­cias sí requieren parte de comproba­ción para establecerlo o encuadrarlo en lo que maneja el artículo 237 del Código Penal local de los supuestos para que se dé un feminicidio.

El artículo 237 del Código Penal local dice a la letra: El homicidio do­loso de una mujer, se considerará fe­minicidio cuando se actualice alguna de las siguientes circunstancias:

a) Por razón de violencia de géne­ro; entendiéndose por ésta, la priva­ción de la vida asociada a la exclu­sión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo.

b) Se cometa en contra de per­sona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza, o haya estado vinculada con el sujeto activo por una relación de hecho en su centro de trabajo o institución educativa, o por razones de carácter técnico o profesional, y existan con antelación conductas que hayan menoscabado o anulado los derechos, o atentado contra la dignidad del pasivo.

c) El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o degra­dantes, o mutile al pasivo o el cuerpo del pasivo.

d) Existan con antelación actos que constituyan violencia familiar del sujeto activo hacia el pasivo.

“El tema de feminicidio esta ron­dando en cada investigación de ho­micidio de mujeres y se va a captar al momento que tengamos la com­probación para llevarlo a juicio y a partir de ese momento lo que cambia es la penalidad, un homicidio doloso puede ir de 20 a 50 años de prisión y el feminicidio es desde 30 hasta 70 años, entonces hablamos de un rango de prisión mayor en la pena máxima para el caso de un feminici­dio”, apunta.

–¿A qué atribuye los señalamientos de que no se inician las carpetas de investigación como feminicidios?

–A la falta de información y posible­mente como la sociedad no es espe­cialista, no sabe el tema técnico–jurí­dico; cualquier abogado que diga se inició la investigación por homicidio, no hay problema porque en cual­quier momento va a ser feminicidio, porque es procesal, no es de que ya no puedo cambiar la figura, al ser un tema procesal se van recabando las pruebas periciales. No podríamos, en muchos casos, decir que es un feminicidio, porque el feminicidio sir­ve para cuestiones de protocolo de investigación, se está siguiendo de inicio, aunque jurídicamente en la carpeta no se inicie como feminici­dio, pero al ser homicidio de mujer, aplicamos protocolo de investigación, pero otra cosa es encuadrarlo en qué supuesto de los que establece el có­digo para pedir la penalidad. Pero la investigación es continua, no es más floja o más débil la de un homicidio a la de un feminicidio. La investigación sigue siendo la misma porque para nosotros judicializar un asunto por homicidio doloso de un hombre es el mismo que debemos comprobar para un feminicidio.

–¿Y qué hay sobre la capacitación al personal en este tema?

–La capacitación la hemos retomado con los ministerios públicos que ya venían trabajando el tema de homi­cidios, es una mesa especializada. No cualquier ministerio público pue­de ocupar esas mesas. En algunos casos han tenido que renunciar o se les ha pedido su renuncia. Cuando llegamos hicimos un diagnóstico de todos los homicidios que se estaban investigando y vimos que había defi­ciencias al inicio de la administración, la propia dinámica del trabajo de investigación y de capacitación fue estableciendo que buscáramos otros perfiles de las personas idóneas para investigar homicidios.

“Hemos estado en constante capacitación, pero cada caso es di­ferente, en cada caso aprendemos algo, los ministerios públicos sabe­mos que ningún curso nos va a dar la posibilidad de poder resolver un caso en específico porque dependes de la materia policial, de la materia del perito, dependes del conocimiento jurídico y podemos tener un Ministe­rio Público capacitado jurídicamente, pero falta la parte operativa y es en la que estamos trabajando”.

Detalla que un Ministerio Público va al lugar, va a la escena, verifica, trabaja con la trilogía investigadora (agente del Ministerio Público, peritos y policías de investigación) y se ha­cen reuniones de las tres áreas para ver los avances, los errores que se cometieron, pero se subsanan jurídi­camente en la parte procesal.

–¿Cuántos ministerios públicos cambiaron?

–En las dos agencias se hicieron cambios el año pasado. En las agencias de Apizaco y de Tlaxcala se cambiaron, uno renunció y el otro fue cambiado a otra área. Ahorita estamos trabajando con ministerios públicos con nuevos perfiles.

–¿Cuántos casos se han radicado con órdenes de aprehensión por feminicidio?

–Ahorita tenemos por feminicidio dos casos en los que tenemos órdenes de aprehensión, están pendientes y en trámite de ejecutar.

José Antonio Aquiáhuatl mencio­na que el año pasado fueron 20 ho­micidios de mujeres y este año iban cuatro al día en que se hizo la entre­vista (20 de febrero de 2018).

De estos cuatro, uno se radicó por feminicidio porque los datos de entrada sí daban para iniciar la car­peta de investigación por este delito, pero insiste en que se puede radicar por feminicidio, pero si dentro de la carpeta ya no se comprueban los elementos, en su momento se tendría que acusar por homicidio doloso de mujer, es la parte jurídica, nada más, la cuestión de la tipología tiene que ver con las características que exige el Código Penal.

–¿Qué medidas toma la PGJE para atender de mejor manera estos casos?

–Se ha implementado trabajo con los ministerios públicos, policías y peri­tos para dar una atención inmediata. Estamos por ampliar la plantilla de personal para empezar a abrir agen­cias en San Pablo del Monte, Calpu­lalpan y Huamantla con equipo de periciales completos, con policías y posiblemente un Ministerio Público para acudir con mayor rapidez, con mayor eficiencia y también seguir el tema de profesionalizar más a los ministerios públicos y así tener una plantilla de cuatro o cinco ministerios públicos especializados en el tema de homicidios y de investigación de pro­tocolos para el caso de feminicidios o de trata de personas u otros más.

“Hay varios temas pendientes, es lo que estamos realizando, es­tamos abiertos a cualquier duda de los familiares de las víctimas de es­tos delitos, con todos hemos tenido las puertas abiertas para explicarles con las carpetas y les hemos dicho las conclusiones a las que han llega­do nuestros investigadores. Algunos quedan conformes jurídicamente, pero la parte sentimental o social, esa queda ahí para todos, esa que­da fuera de nuestras manos poderla subsanar, pero hemos hecho la parte que nos corresponde como Procura­duría”.

–Por último, ¿hay bandas de delincuentes que cometen feminicidios en Tlaxcala por los hechos suscitados en enero?

–Tanto como una banda no, no he­mos detectado en las investigaciones ese caso, los casos que se han pre­sentado este año, en ninguno se en­cuentra una relación de que puedan ser las mismas personas, son líneas distintas de investigación, modus operandi distintos los que se han lle­vado a cabo en esos homicidios.

José Carlos Avendaño Flores
Fotografía: Federico Ríos Macías

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