La lucha contra la trata de personas

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Publicada Noviembre 2019 Edición 144

El Centro Fray Julián Garcés (CFJC) se ha embarcado en una complica­da tarea: construir ciudadanía. Esta encomienda la inició a partir de un largo proceso desde 2001, cuando se formó sobre la base de la pastoral social de la diócesis de Tlaxcala.

En ese camino ha enfocado sus esfuer­zos para documentar y denunciar un par de situaciones ocurridas en territorio tlax­calteca: la trata de personas con fines de explotación sexual y la contaminación en la cuenca hidrológica Zahuapan-Atoyac, una de las más afectadas en el país, de acuerdo con datos oficiales.

Momento conversa con Alejandra Mén­dez Serrano, directora del Centro, quien precisa que si bien esta organización se constituyó en febrero de 2002, previamen­te hubo un proceso “de búsqueda de vida digna para las personas y los pueblos”.

La activista precisa que esta organiza­ción surgió a partir de varias inquietudes, y gracias a la colaboración de numero­sos actores. Una lo fue y lo sigue siendo la iglesia católica, en su pastoral social, que sumó esfuerzos con defensores de derechos humanos, académicos y personas con una alta conciencia social y probidad moral, re­sidentes en algunas comunidades.

En conjunto, se elaboró un diagnóstico en 2001, levantado “en más de 20 comu­nidades que están en la pastoral social, en la diócesis de Tlaxcala”. Dicha evaluación identificó varias problemáticas: la pobreza, el desempleo, la baja participación en las elecciones y, vinculada con esta, la compra del voto.

Asimismo, advirtieron un uso político y partidista de las fiscalías, esos cargos hono­rarios desempeñados por laicos para auxi­liar en las parroquias, templos y capillas de las localidades con amplia tradición católi­ca. La evaluación del CFJG concluyó que “se había perdido como un servicio y ahora se utilizaba como un trampolín político”. Otro asunto que los puso en alerta fue el de la migración.

“Lo que se pretendía en ese entonces era cómo la gente va siendo más ciuda­dana, más crítica frente a las situaciones y va determinando en un sentido más crítico su voto, más de reflexión”, expresa Méndez Serrano.

Pero por encima de estas cuestiones se encontraba la trata de personas, identifi­cada inicialmente como “prostitución”, y la contaminación de los ríos, particularmente del Zahuapan y el Atoyac.

A partir de una asamblea de la pas­toral social, ahora pastoral de derechos humanos, efectuada en Acuamanala, se determinó la creación de una asociación civil, con un grupo de personas dedicadas de tiempo completo, que tuvieran un perfil profesional, para ayudar “a avanzar en la investigación de estas problemáticas, pero también la búsqueda de soluciones con las comunidades”.

Es así como se da pie a la creación del Centro Fray Julián Garcés. Derechos Hu­manos y Desarrollo Local. El nombre se toma del pri­mer obispo de la diócesis de Tlaxcala, erigida en el siglo XVI; se trataba de un religio­so dominico arribado unos años después de iniciada la conquista militar de los reinos y pueblos indígenas y con el que se reforzó la conversión y catequización de los naturales de estas tierras.

“Se realiza el primer pro­yecto institucional, mediante un mecanismo que se llama participación comunitaria. Se define el objeto social del centro. Deciden tomar el nombre del primer obispo de Tlaxcala, fray Julián Gar­cés, justo porque cuando se da el tiempo de la invasión y la conquista, pues ya co­nocemos la historia, se da con mucha saña, con mucha agresividad. Se dice que los nativos de aquí eran todo, menos personas, menos gente que tenía dignidad y fray Julián Garcés, cuando llega, mira que está ocu­rriendo una barbarie, una ofensa a la dignidad de las personas. Manda un comu­nicado al Papa, para que el Papa diga que los hombres de América Dios los creó li­bres, y que lo que Dios creó libres, nada puede esclavi­zarlos”, sintetiza.

Primeros pasos

Es así como se define el ob­jeto del Centro, asumiendo el fortalecimiento de los su­jetos sociales y de las comu­nidades “para hacer frente a la situación de injusticia, de violación de derechos humanos frente a estas problemáticas”. Con ello se integra un equipo profe­sionalizado, formado por sociólogos, trabajadores sociales, abogados, comu­nicólogos, teólogos, psicó­logos y politólogos, entre otros.

Del abanico de situacio­nes que impactaban a algu­nas de las poblaciones del estado, el Centro enfoca su interés en un par, que son las que aún atienden.

“En ese entonces la gen­te decía prostitución, ahora sabemos que es trata de mujeres con fines de explo­tación sexual. Por otra par­te, la gente afirmaba que la comunidad se estaba mu­riendo por la contaminación de la cuenca del Zahuapan. Esas problemáticas son las que arroja el diagnóstico participativo”, explica Ale­jandra Méndez.

-¿En el momento en que se constituye el Centro, cuál era la situación en materia de respeto a los derechos humanos en Tlaxcala?

-El reconocimiento de los derechos humanos ha sido una lucha de las comunida­des, no porque no existan, sino porque no se recono­cen. En Tlaxcala, como en todo el país, venimos de un modelo económico, el neo­liberal, que pone al centro la ganancia y el dinero a costa de lo que sea. Ese a costa de lo que sea pisotea los dere­chos humanos.

“Veníamos de una lógica extractivista del Estado, ve­níamos en una lógica de in­dustrialización, de devastar todo aquello que se pudie­ra devastar para obtener la ganancia. En el país se veía el crecimiento de corredores industriales, automotrices, permisos para extracción minera; había concesiones mineras, parques eólicos.

“La violencia empeza­ba a escalar. El gobierno se da cuenta de las ganancias del narco y se vuelve un nar­coestado. Empieza un pro­ceso de violencia bastante fuerte.

“La problemática de tra­ta en Tlaxcala estaba invi­sibilizada. Se conocía en la zona donde estaba pre­sente, y las personas argu­mentaban prostitución. La prostitución tiene muchas aristas. Luego nos dimos cuenta que era un pisoteo de la dignidad de las mu­jeres, de las comunidades, con complacencia del Es­tado”.

Acercamiento con la academia

En la problemática de trata de niñas y mujeres con fi­nes de explotación sexual, el Centro firma un convenio con el Centro de Investiga­ciones Interdisciplinarias Sobre Desarrollo Regional (CIISDER), de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Como resultado de ese acuerdo, en 2004 se publi­ca el libro Un grito silencio­so, que incluye el testimonio de una mujer víctima de explotación sexual y de un tratante. Alejandra Mén­dez asevera que se trata de una investigación socioló­gica que evidencia “redes delincuenciales”, así como el proceso de captación de chicas, además de testimo­nios “con padrotes que des­cribían el modus operandi, gente de la comunidad que se iba a enganchar chicas al sur, Oaxaca, Chiapas, usando las costumbres de las comunidades, pagaban una dote, con vacas, cinco mil o seis pesos. Eran due­ños, se apropiaban de las chicas que venían acá, las explotaban”.

En otros casos se trata de jóvenes secuestradas, “que son resguardadas aquí en casas de seguridad, donde no las dejan tener contacto con sus familiares. Hay un perfil de las víctimas. Muje­res que viven violencia, con­diciones económicas preca­rias, pocos nudos familiares, o articulación comunitaria. Son metidas al negocio de la trata, explotadas sexual­mente”, indica.

Durante la investigación pudieron tener acceso a mu­jeres que fueron víctimas de trata, así como a padrotes que estaban en el negocio.

También en 2004 em­prenden una campaña para hacer frente a la problemá­tica de trata. La iniciativa se denominó “Campaña por la Dignidad de las Mujeres”, y tenía el propósito de que en las comunidades se dieran a conocer los derechos de las mujeres, en qué con­venciones estaban conte­nidos tales derechos, así como comprender “el sis­tema patriarcal, el sistema económico y el sistema ma­chista que estaba haciendo vulnerables a las mujeres”.

Es así como se crea Mujeres en la Lucha por la Dignidad, mientras el Cen­tro continúa con los trabajos de investigación “sobre si el delito de trata estaba tipi­ficado o no, en qué estatus estaba en el estado (sic), si había política pública para atender esta problemática. La conclusión fue que no lo estaba”.

Huecos en la ley

Ese mismo año publicaron el texto Análisis legislativo, con el que se evidencia que estaba tipificado el delito de lenocinio, pero no el de trata. En tanto, en materia de política pública “no había nada”.

El CFJG elaboró una propuesta legislativa para mo­dificar el Código Penal con la intención de que pudiera contener el delito de trata de personas, con fines de explotación sexual y las pe­nas que deberían aplicarse. “Eso fue en 2005. En 2006 se enriquece con expertos en derechos humanos, mujeres feministas y gente de la aca­demia para determinar la propuesta ciudadana para tipificar el delito. La cam­paña por la Dignidad de las Mujeres cambia a Por la Dignidad de Todos y Todas para dar a conocer el pro­blema en los 60 municipios”.

Dicha campaña se des­pliega en tres momentos para lograr diferentes im­pactos: sensibilizar a la gente sobre la problemáti­ca, para que supiera lo que está ocurriendo y sumar. Para ello diseñaron folletos donde se describía cómo se daba la problemática, ade­más de trípticos, pintas de barda, playeras y carteles de sensibilización.

“El segundo momento fue dar a conocer lo que estábamos pidiendo para el Código Penal. Regresa­mos a los 60 municipios y precisamos cuáles eran los artículos para modificar”. En total se sumaron más de 40 organizaciones, escuelas y grupos de la pastoral.

El tercer momento de la campaña lo constituyó la recolección de firmas. En Tlaxcala se carecía de una ley de participación ciuda­dana, que sólo había en el entonces Distrito Federal y en Jalisco. El Centro tomó como referencia esas legis­laciones y se dio a la tarea de recolectar al menos 3 mil 700 firmas.

“En el marco de 16 días de la campaña internacio­nal de activismo contra la violencia contra la mujer, que inicia el 25 de noviem­bre, cuando se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer y finaliza el 10 de diciembre con la Declaración Universal de los derechos Humanos, efectuaron la recolección de firmas”.

Para ese momento se habían sumado músicos, poetas, teatreros, artis­tas plásticos, académicos y defensores de derechos humanos, con lo que se ar­ticuló “un movimiento fuer­te”. Además, invitaron a ex­pertos de Estados Unidos y Argentina.

A final de cuentas re­colectaron más de 25 mil firmas que suscribieron la propuesta ciudadana para modificar el Código Penal. Eso se dio en diciembre de 2006. La propuesta de re­forma fue presentada al Congreso local, como parte de “un movimiento pacífico, de lucha por la dignidad de las personas”.

De fondo, la iniciativa as­piraba a que se entendiera a la trata como delincuencia organizada, ya que se trata de una red que involucra a numerosos criminales, des­de los enganchadores, pa­sando por quienes explotan directamente a las mujeres y niñas captadas por diversos mecanismos, hasta aquellos que controlan los estable­cimientos donde se ubican las víctimas y, por supuesto, los esquemas donde ellas son llevadas a otros países, principalmente Estados Uni­dos, para ser explotadas.

“No importa el estado o país, el delito de trata se configura con delincuencia organizada, porque alguien engancha, otro la explota, la vigila, la traslada. Es una red. Si una chica denuncia, se tiene que iniciar la car­peta de investigación. Hacer investigación de toda esa red”, añade la directora del Centro.

La reforma obliga a la autoridad a establecer protocolos para saber si la persona está siendo víctima de trata. También se debe investigar a toda la red, los lugares de explotación, y así dar protección a las víc­timas. Sin embargo, aquella propuesta no preveía el cas­tigo a los consumidores. Y a pesar de todos los esfuerzos sigue habiendo deficiencias.

“Les siguen preguntan­do a las víctimas si están por su voluntad. Como es­tán amenazadas, pues nie­gan que haya retención”. En este punto, la activista trae a colación el caso de una chi­ca captada en Oaxaca, que logró escapar y presentarse ante las autoridades, que de plano “le dijeron que no le podían recibir la denuncia, porque no estaba tipificado. Le dijeron que tenía que ir a denunciar a Oaxaca.

Sigue pasando lo mis­mo, aunque está tipificado el delito”, lamenta Méndez Serrano.

El síndrome del avestruz

Para ese momento, la ad­ministración local, encabe­zada por el panista Héctor Ortiz Ortiz, se había empe­ñado en negar la situación, actitud que mantendría a lo largo del sexenio.

“Hubo negación por par­te del gobierno del estado”, asienta la activista. Con­tinuamente los servidores públicos orticistas buscaban deslegitimar y desacreditar los trabajos del Centro. Sin embargo, el gobierno del estado se vio acorralado por la presión ejercida por organismos internacionales. Acto seguido, el Congreso local aprueba la propuesta de reforma en 2007, aunque el gobierno sigue reacio a admitir la situación, limi­tándose a afirmar que se trataba de hechos aislados y minimizando su gravedad.

Entonces el Instituto Es­tatal de la Mujer firma un convenio con el Instituto Na­cional de las Mujeres para hacer una investigación. Como resultado, se contra­tó a Patricia Olamendi, “que era encargada del tema de mujeres en la Organización de Estados Americanos”. Olamendi inicia una inves­tigación con recursos pú­blicos y aplica una encuesta de percepción ciudadana. Pregunta mediante un ins­trumento en dónde la po­blación percibía lugares de enganche, de explotación y casas de seguridad.

Así, para 2008 identifi­ca 23 comunidades con esa problemática. Tiene acceso a expedientes de la Procu­raduría General de Justicia (PGJ) y advierte que hay varias denuncias de muje­res que dieron nombres de tratantes, lugares y rutas de explotación. “Dieron nom­bres y apellidos y la PGJ sólo inició actas circunstancia­das. No empezó una inves­tigación. Tomó los hechos y los archivó, cuando tenían todos los elementos para abrirse como averiguación previa y estaba clarísimo que era trata”.

-¿Por qué razón la administración de Héctor Ortiz negaba que hubiera trata en Tlaxcala?

-Es sistemática la negación hasta la fecha. Es negar que ocurre, porque este delito les plantea el reto de hacer­le frente. Periodísticamente se evidencia que policías y ministerios públicos están coludidos con las redes. Niegan para no tener que asumir una responsabilidad que ya tienen de por sí.

“El gobierno mexicano ha ratifica­do todos los convenios internacionales contra la trata. Se obliga a implemen­tar políticas públicas, a establecer pre­supuestos, realizar proyectos, y eso es a lo que no querían entrarle”.

“El investigador Oscar Montiel do­cumenta la corrupción, las cuotas que deben cubrir los delincuentes con las autoridades. Olamendi hace la investi­gación. Entrevista a funcionarios públi­cos que no tienen ninguna perspectiva de género, que son machistas, misó­ginos. Aseguran que a las mujeres les gusta. Por una caguama se bajan los calzones. Son funcionarios de primer nivel, tomadores de decisiones. Con­sideran a la mujer una cosa de placer, de la cual pueden hacer uso y abuso de ella. Si esos son los tomadores de decisiones, eso no va a avanzar”.

-¿Esas respuestas de los funcionarios fueron textuales?

-Esas respuestas están en su diagnós­tico y son textuales. Patricia Olamen­di diagnostica que la problemática es más grave. Hizo pública la informa­ción, lo que molestó al gobierno, que se vio forzado a volver a contratarla para que hiciera la Ley para Prevenir, Proteger y Sancionar la Trata (Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala).

“La normativa establece la creación de un Consejo Estatal contra la Trata de Personas, integrado por institucio­nes gubernamentales y da entrada a cinco organizaciones de la sociedad civil, con voz y voto para articular la política pública”.

Sin embargo, el Centro se resistió a participar, “porque a veces los consejos solo sirven para avalar decisiones que no tienen ninguna consecuencia real para las víctimas”.

En contraste, las comunidades ar­gumentaron que debían formar parte, “porque era un espacio ganado y se podía incidir en las políticas públicas. Fue todo un andamiaje para lograr la política pública”, agrega.

La normativa involucra a depen­dencias como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y el Instituto Estatal de la Mujer, además de autoridades federales.

“Con las organizaciones se buscaba articular la política pública. Qué ocu­rría, que luego no iban los tomadores de decisiones. Mandaban a quienes no sabían del tema”, reprocha. A pesar de esa reticencia, lograron incidir.

Estancamiento

En 2011, ya bajo el mandato de Maria­no González Zarur, “se logró aprobar la política pública. En 2012 se armó el plan sexenal. Se pedía atención por parte de la SESA, capacitación a ser­vidores, articularse con la PGJ. Man­databa acciones de educación en las escuelas públicas, a cargo de la Comi­sión Estatal de Derechos Humanos. Se preveían medidas de atención, muje­res que fueran rescatadas con proto­colos adecuados para ubicar víctimas para que tuvieran atención adecua­da”. Pero nada de esto “se cumplió en la administración de González Zarur. Hay desinterés, desinformación, no hay capacitación para los funciona­rios”.

Para 2016 se pidió la emisión de la alerta de violencia de género. El infor­me que da el grupo de expertos habla de excesos. A manera de ejemplo, re­fiere que el ministerio público asume la denuncia de una mujer como un problema entre particulares, entre la mujer y su supuesta pareja, que es el tratante y quiere conciliar, cuando no tiene la obligación de hacer eso”, re­memora.

Por si fuera poco, diagnostica la activista, las unidades municipales de atención a las mujeres carecen de recursos técnicos y financieros, ade­más de adolecer de falta de personal preparado. “Los funcionarios no están capacitados con una perspectiva de género ni con una perspectiva de de­rechos humanos. No hay una atención real a las víctimas y no hay nada en el tema de prevención. Hay política pública y proyectos, pero no hay pre­supuestos. No hay voluntad política”, reclama. Al término del gobierno de González Zarur “no hubo gran avance. Públicamente se decían preocupados, pero en la práctica y en el aterrizaje de política pública no la había”.

Con la nueva administración estatal llegó la solicitud de alerta de violencia de género, pero por una cuestión de imagen, se pidió que no se declarara. Durante seis meses “crea presupues­tos, abre la Casa de Justicia para las Mujeres, inicia una campaña de vio­lencia contra las mujeres, y reporta un montón de capacitación para funcio­narios públicos. Sin embargo, el últi­mo reporte indica que la campaña no tenía el enfoque ni la perspectiva de género ni de derechos humanos, que había confusión de términos, se habían privilegiado una imagen y no los contenidos. Las capacitaciones no correspondían con las necesidades”, acota Méndez.

La necesidad de educar

Para la directora del Centro Fray Ju­lián Garcés se necesita un programa educativo para las escuelas, “un pro­grama estatal para prevenir, atender e investigar. Se requiere una campaña, con capacitación y seguimiento per­manente, además de un protocolo para detección de mujeres víctimas, a las que se debe dar atención, por medio de casas refugios, acompaña­miento integral, atención sicológica y jurídica, para que se pueda recuperar su proyecto de vida, “hasta donde se pueda”. Pero, a decir de la defensora de los derechos fundamentales, “has­ta ahora el gobierno no ha avanzado”.

En 2017, el Centro hizo una in­vestigación de percepción, similar a la efectuada por Patricia Olamendi, para ubicar en cuáles comunidades se percibe el fenómeno de trata de per­sonas con fines de explotación sexual. Y el resultado es por demás alarman­te, ya que detectaron que de 23 pasó a 40 municipios. “Puedes ver toda la impunidad”, externa.

Además, preguntaron cuántas de­nuncias hubo de 2011 a 2016. De las 200 denuncias reportadas, solo 13 llegaron a una sentencia. “Y una se cayó. Más de 90% de las denuncias quedan en impunidad. ¿Quién va a querer denunciar? La CNDH acaba de emitir un diagnóstico en 2019, de 108 denuncias sólo dos llegaron a sentencias. Sólo dos. Cuando el gober­nador sale a decir que las denuncias han bajado, cla­ro, porque quién va a querer denunciar, cuando ya diste datos de tratantes. La mis­ma Patricia Olamendi decía en ese momento, ‘Yo no sé si las mujeres vivan. Porque dieron datos, nombres, di­recciones y las regresaron a sus domicilios’.

Es la impunidad en toda la extensión de la palabra”.

-¿Cuántas mujeres y niñas en Tlaxcala son víctimas de trata?

-No tenemos ese dato. No hay estimación.

-¿Hay condiciones en México para lega­lizar el sexoservicio?

-No hay condiciones, por esto que te estoy diciendo. Lo primero que habrá que ver cuando se dice “Están porque quieren”, habrá que ver la garantía de los demás derechos. Habrá que ver si tuvieron derecho a la edu­cación, derecho a la salud. Lo que pasa es que hay una violación integral de los de­rechos. El derecho a la sa­lud no está garantizado. Si quieres tener educación, con un salario bajo no alcanza. No hay trabajo digno, no hay ingreso digno, no hay un acceso a la salud digna, no hay un acceso a la salud digna. Tienes condiciones deplorables.

“Hay mujeres que efecti­vamente dicen “Yo de ganar mil 100 a la semana, con un trato indigno, pues mejor me lo gano en dos noches” Y ya. Eso ya es una condición que no sea una decisión real.

“Se legalizaría la trata, incluyendo la impunidad. Noventa y nueve por ciento de las personas explotadas con fines sexuales son muje­res. No hay condiciones para legalizar la prostitución.

“Son mujeres que ena­moran, que utilizan esa au­sencia y esa necesidad de amor, de escucha, de com­prensión. Eso lo utilizan muy bien los tratantes. Entonces lo que ganan es la voluntad de la persona, la induces al negocio y claro que ellas van a decir “Yo lo hago por amor”. Al final es un delito. Está siendo obligada a te­ner 30 relaciones sexuales por día. Y ya no hablemos de lo que ocurre ahí. Las golpean, a varias las ma­tan, las asesinan, cuando los clientes llegan borrachos o drogados, cuando no quie­ren hacer las posiciones que a ellos se les ocurren. Hay deshumanización por parte de las personas. En Tlaxca­la legalizar la prostitución es legalizar la trata”.

-¿Todo está determinado por el modelo económico neoliberal?

El marco está modelado por el sistema capitalista. Poner la ganancia por encima de todo. Este es demasiado agresivo. No hay derechos sociales garantizados. Los recursos naturales se ex­plotan al máximo.

-¿Advierten algún avance o estamos igual o peor que cuando el Centro empezó a visibilizar el problema?

-Ya es un problema públi­co. Está en la agenda. Es un avance, que se reconozca, aunque ha aumentado la cantidad de municipios con este problema.

-¿Por qué pasó de 23 a 40 municipios el problema?

-Por la impunidad. Si los otros lo hacen y no los cas­tigan, yo también voy a ha­cerlo. O si de 200 o de 108 denuncias, que es el últi­mo diagnóstico que sacó la CNDH, sólo dos llegan a castigo. Pues puedo seguir operando así.

Es un negocio muy redi­tuable. Genera ganancias estrepitosas, que ayuda a fomentar la impunidad.

-¿De qué manera este delito afecta al tejido social?

–Lo afecta totalmente. Hay este tipo de delincuencia, que se enquista en las co­munidades. Se va norma­lizando esa forma de vio­lencia, se va justificando. Ajustado por el principio de la ganancia por encima de lo que sea. Se rompen códi­gos comunitarios de respe­to y convivencia. Se capta a los jóvenes con este tipo de delincuencia. Hay una co­sificación de las personas. Rompes con la comunidad.

-¿Qué sigue para el Centro Fray Julián Garcés? -Pedimos al gobierno del estado la creación de un programa educativo que pueda realmente prevenir la trata de mujeres en Tlax­cala, que sea implementa­do en todas las escuelas, no solamente en la secundaria, sino que sea desde prees­colar hasta la preparatoria. Que defina a la trata como una forma de violencia ex­trema. Que siga el fortaleci­miento de las comunidades, con los grupos de jóvenes, de las comunidades. Esa es nuestra génesis. Esa es la apuesta para el Centro.

Yassir Zárate Méndez

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