Publicada Noviembre 2019 Edición 144
El Centro Fray Julián Garcés (CFJC) se ha embarcado en una complicada tarea: construir ciudadanía. Esta encomienda la inició a partir de un largo proceso desde 2001, cuando se formó sobre la base de la pastoral social de la diócesis de Tlaxcala.
En ese camino ha enfocado sus esfuerzos para documentar y denunciar un par de situaciones ocurridas en territorio tlaxcalteca: la trata de personas con fines de explotación sexual y la contaminación en la cuenca hidrológica Zahuapan-Atoyac, una de las más afectadas en el país, de acuerdo con datos oficiales.
Momento conversa con Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro, quien precisa que si bien esta organización se constituyó en febrero de 2002, previamente hubo un proceso “de búsqueda de vida digna para las personas y los pueblos”.
La activista precisa que esta organización surgió a partir de varias inquietudes, y gracias a la colaboración de numerosos actores. Una lo fue y lo sigue siendo la iglesia católica, en su pastoral social, que sumó esfuerzos con defensores de derechos humanos, académicos y personas con una alta conciencia social y probidad moral, residentes en algunas comunidades.
En conjunto, se elaboró un diagnóstico en 2001, levantado “en más de 20 comunidades que están en la pastoral social, en la diócesis de Tlaxcala”. Dicha evaluación identificó varias problemáticas: la pobreza, el desempleo, la baja participación en las elecciones y, vinculada con esta, la compra del voto.
Asimismo, advirtieron un uso político y partidista de las fiscalías, esos cargos honorarios desempeñados por laicos para auxiliar en las parroquias, templos y capillas de las localidades con amplia tradición católica. La evaluación del CFJG concluyó que “se había perdido como un servicio y ahora se utilizaba como un trampolín político”. Otro asunto que los puso en alerta fue el de la migración.
“Lo que se pretendía en ese entonces era cómo la gente va siendo más ciudadana, más crítica frente a las situaciones y va determinando en un sentido más crítico su voto, más de reflexión”, expresa Méndez Serrano.
Pero por encima de estas cuestiones se encontraba la trata de personas, identificada inicialmente como “prostitución”, y la contaminación de los ríos, particularmente del Zahuapan y el Atoyac.
A partir de una asamblea de la pastoral social, ahora pastoral de derechos humanos, efectuada en Acuamanala, se determinó la creación de una asociación civil, con un grupo de personas dedicadas de tiempo completo, que tuvieran un perfil profesional, para ayudar “a avanzar en la investigación de estas problemáticas, pero también la búsqueda de soluciones con las comunidades”.
Es así como se da pie a la creación del Centro Fray Julián Garcés. Derechos Humanos y Desarrollo Local. El nombre se toma del primer obispo de la diócesis de Tlaxcala, erigida en el siglo XVI; se trataba de un religioso dominico arribado unos años después de iniciada la conquista militar de los reinos y pueblos indígenas y con el que se reforzó la conversión y catequización de los naturales de estas tierras.
“Se realiza el primer proyecto institucional, mediante un mecanismo que se llama participación comunitaria. Se define el objeto social del centro. Deciden tomar el nombre del primer obispo de Tlaxcala, fray Julián Garcés, justo porque cuando se da el tiempo de la invasión y la conquista, pues ya conocemos la historia, se da con mucha saña, con mucha agresividad. Se dice que los nativos de aquí eran todo, menos personas, menos gente que tenía dignidad y fray Julián Garcés, cuando llega, mira que está ocurriendo una barbarie, una ofensa a la dignidad de las personas. Manda un comunicado al Papa, para que el Papa diga que los hombres de América Dios los creó libres, y que lo que Dios creó libres, nada puede esclavizarlos”, sintetiza.
Primeros pasos
Es así como se define el objeto del Centro, asumiendo el fortalecimiento de los sujetos sociales y de las comunidades “para hacer frente a la situación de injusticia, de violación de derechos humanos frente a estas problemáticas”. Con ello se integra un equipo profesionalizado, formado por sociólogos, trabajadores sociales, abogados, comunicólogos, teólogos, psicólogos y politólogos, entre otros.
Del abanico de situaciones que impactaban a algunas de las poblaciones del estado, el Centro enfoca su interés en un par, que son las que aún atienden.
“En ese entonces la gente decía prostitución, ahora sabemos que es trata de mujeres con fines de explotación sexual. Por otra parte, la gente afirmaba que la comunidad se estaba muriendo por la contaminación de la cuenca del Zahuapan. Esas problemáticas son las que arroja el diagnóstico participativo”, explica Alejandra Méndez.
-¿En el momento en que se constituye el Centro, cuál era la situación en materia de respeto a los derechos humanos en Tlaxcala?
-El reconocimiento de los derechos humanos ha sido una lucha de las comunidades, no porque no existan, sino porque no se reconocen. En Tlaxcala, como en todo el país, venimos de un modelo económico, el neoliberal, que pone al centro la ganancia y el dinero a costa de lo que sea. Ese a costa de lo que sea pisotea los derechos humanos.
“Veníamos de una lógica extractivista del Estado, veníamos en una lógica de industrialización, de devastar todo aquello que se pudiera devastar para obtener la ganancia. En el país se veía el crecimiento de corredores industriales, automotrices, permisos para extracción minera; había concesiones mineras, parques eólicos.
“La violencia empezaba a escalar. El gobierno se da cuenta de las ganancias del narco y se vuelve un narcoestado. Empieza un proceso de violencia bastante fuerte.
“La problemática de trata en Tlaxcala estaba invisibilizada. Se conocía en la zona donde estaba presente, y las personas argumentaban prostitución. La prostitución tiene muchas aristas. Luego nos dimos cuenta que era un pisoteo de la dignidad de las mujeres, de las comunidades, con complacencia del Estado”.
Acercamiento con la academia
En la problemática de trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual, el Centro firma un convenio con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Sobre Desarrollo Regional (CIISDER), de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Como resultado de ese acuerdo, en 2004 se publica el libro Un grito silencioso, que incluye el testimonio de una mujer víctima de explotación sexual y de un tratante. Alejandra Méndez asevera que se trata de una investigación sociológica que evidencia “redes delincuenciales”, así como el proceso de captación de chicas, además de testimonios “con padrotes que describían el modus operandi, gente de la comunidad que se iba a enganchar chicas al sur, Oaxaca, Chiapas, usando las costumbres de las comunidades, pagaban una dote, con vacas, cinco mil o seis pesos. Eran dueños, se apropiaban de las chicas que venían acá, las explotaban”.
En otros casos se trata de jóvenes secuestradas, “que son resguardadas aquí en casas de seguridad, donde no las dejan tener contacto con sus familiares. Hay un perfil de las víctimas. Mujeres que viven violencia, condiciones económicas precarias, pocos nudos familiares, o articulación comunitaria. Son metidas al negocio de la trata, explotadas sexualmente”, indica.
Durante la investigación pudieron tener acceso a mujeres que fueron víctimas de trata, así como a padrotes que estaban en el negocio.
También en 2004 emprenden una campaña para hacer frente a la problemática de trata. La iniciativa se denominó “Campaña por la Dignidad de las Mujeres”, y tenía el propósito de que en las comunidades se dieran a conocer los derechos de las mujeres, en qué convenciones estaban contenidos tales derechos, así como comprender “el sistema patriarcal, el sistema económico y el sistema machista que estaba haciendo vulnerables a las mujeres”.
Es así como se crea Mujeres en la Lucha por la Dignidad, mientras el Centro continúa con los trabajos de investigación “sobre si el delito de trata estaba tipificado o no, en qué estatus estaba en el estado (sic), si había política pública para atender esta problemática. La conclusión fue que no lo estaba”.
Huecos en la ley
Ese mismo año publicaron el texto Análisis legislativo, con el que se evidencia que estaba tipificado el delito de lenocinio, pero no el de trata. En tanto, en materia de política pública “no había nada”.
El CFJG elaboró una propuesta legislativa para modificar el Código Penal con la intención de que pudiera contener el delito de trata de personas, con fines de explotación sexual y las penas que deberían aplicarse. “Eso fue en 2005. En 2006 se enriquece con expertos en derechos humanos, mujeres feministas y gente de la academia para determinar la propuesta ciudadana para tipificar el delito. La campaña por la Dignidad de las Mujeres cambia a Por la Dignidad de Todos y Todas para dar a conocer el problema en los 60 municipios”.
Dicha campaña se despliega en tres momentos para lograr diferentes impactos: sensibilizar a la gente sobre la problemática, para que supiera lo que está ocurriendo y sumar. Para ello diseñaron folletos donde se describía cómo se daba la problemática, además de trípticos, pintas de barda, playeras y carteles de sensibilización.
“El segundo momento fue dar a conocer lo que estábamos pidiendo para el Código Penal. Regresamos a los 60 municipios y precisamos cuáles eran los artículos para modificar”. En total se sumaron más de 40 organizaciones, escuelas y grupos de la pastoral.
El tercer momento de la campaña lo constituyó la recolección de firmas. En Tlaxcala se carecía de una ley de participación ciudadana, que sólo había en el entonces Distrito Federal y en Jalisco. El Centro tomó como referencia esas legislaciones y se dio a la tarea de recolectar al menos 3 mil 700 firmas.
“En el marco de 16 días de la campaña internacional de activismo contra la violencia contra la mujer, que inicia el 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer y finaliza el 10 de diciembre con la Declaración Universal de los derechos Humanos, efectuaron la recolección de firmas”.
Para ese momento se habían sumado músicos, poetas, teatreros, artistas plásticos, académicos y defensores de derechos humanos, con lo que se articuló “un movimiento fuerte”. Además, invitaron a expertos de Estados Unidos y Argentina.
A final de cuentas recolectaron más de 25 mil firmas que suscribieron la propuesta ciudadana para modificar el Código Penal. Eso se dio en diciembre de 2006. La propuesta de reforma fue presentada al Congreso local, como parte de “un movimiento pacífico, de lucha por la dignidad de las personas”.
De fondo, la iniciativa aspiraba a que se entendiera a la trata como delincuencia organizada, ya que se trata de una red que involucra a numerosos criminales, desde los enganchadores, pasando por quienes explotan directamente a las mujeres y niñas captadas por diversos mecanismos, hasta aquellos que controlan los establecimientos donde se ubican las víctimas y, por supuesto, los esquemas donde ellas son llevadas a otros países, principalmente Estados Unidos, para ser explotadas.
“No importa el estado o país, el delito de trata se configura con delincuencia organizada, porque alguien engancha, otro la explota, la vigila, la traslada. Es una red. Si una chica denuncia, se tiene que iniciar la carpeta de investigación. Hacer investigación de toda esa red”, añade la directora del Centro.
La reforma obliga a la autoridad a establecer protocolos para saber si la persona está siendo víctima de trata. También se debe investigar a toda la red, los lugares de explotación, y así dar protección a las víctimas. Sin embargo, aquella propuesta no preveía el castigo a los consumidores. Y a pesar de todos los esfuerzos sigue habiendo deficiencias.
“Les siguen preguntando a las víctimas si están por su voluntad. Como están amenazadas, pues niegan que haya retención”. En este punto, la activista trae a colación el caso de una chica captada en Oaxaca, que logró escapar y presentarse ante las autoridades, que de plano “le dijeron que no le podían recibir la denuncia, porque no estaba tipificado. Le dijeron que tenía que ir a denunciar a Oaxaca.
Sigue pasando lo mismo, aunque está tipificado el delito”, lamenta Méndez Serrano.
El síndrome del avestruz
Para ese momento, la administración local, encabezada por el panista Héctor Ortiz Ortiz, se había empeñado en negar la situación, actitud que mantendría a lo largo del sexenio.
“Hubo negación por parte del gobierno del estado”, asienta la activista. Continuamente los servidores públicos orticistas buscaban deslegitimar y desacreditar los trabajos del Centro. Sin embargo, el gobierno del estado se vio acorralado por la presión ejercida por organismos internacionales. Acto seguido, el Congreso local aprueba la propuesta de reforma en 2007, aunque el gobierno sigue reacio a admitir la situación, limitándose a afirmar que se trataba de hechos aislados y minimizando su gravedad.
Entonces el Instituto Estatal de la Mujer firma un convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres para hacer una investigación. Como resultado, se contrató a Patricia Olamendi, “que era encargada del tema de mujeres en la Organización de Estados Americanos”. Olamendi inicia una investigación con recursos públicos y aplica una encuesta de percepción ciudadana. Pregunta mediante un instrumento en dónde la población percibía lugares de enganche, de explotación y casas de seguridad.
Así, para 2008 identifica 23 comunidades con esa problemática. Tiene acceso a expedientes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y advierte que hay varias denuncias de mujeres que dieron nombres de tratantes, lugares y rutas de explotación. “Dieron nombres y apellidos y la PGJ sólo inició actas circunstanciadas. No empezó una investigación. Tomó los hechos y los archivó, cuando tenían todos los elementos para abrirse como averiguación previa y estaba clarísimo que era trata”.
-¿Por qué razón la administración de Héctor Ortiz negaba que hubiera trata en Tlaxcala?
-Es sistemática la negación hasta la fecha. Es negar que ocurre, porque este delito les plantea el reto de hacerle frente. Periodísticamente se evidencia que policías y ministerios públicos están coludidos con las redes. Niegan para no tener que asumir una responsabilidad que ya tienen de por sí.
“El gobierno mexicano ha ratificado todos los convenios internacionales contra la trata. Se obliga a implementar políticas públicas, a establecer presupuestos, realizar proyectos, y eso es a lo que no querían entrarle”.
“El investigador Oscar Montiel documenta la corrupción, las cuotas que deben cubrir los delincuentes con las autoridades. Olamendi hace la investigación. Entrevista a funcionarios públicos que no tienen ninguna perspectiva de género, que son machistas, misóginos. Aseguran que a las mujeres les gusta. Por una caguama se bajan los calzones. Son funcionarios de primer nivel, tomadores de decisiones. Consideran a la mujer una cosa de placer, de la cual pueden hacer uso y abuso de ella. Si esos son los tomadores de decisiones, eso no va a avanzar”.
-¿Esas respuestas de los funcionarios fueron textuales?
-Esas respuestas están en su diagnóstico y son textuales. Patricia Olamendi diagnostica que la problemática es más grave. Hizo pública la información, lo que molestó al gobierno, que se vio forzado a volver a contratarla para que hiciera la Ley para Prevenir, Proteger y Sancionar la Trata (Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala).
“La normativa establece la creación de un Consejo Estatal contra la Trata de Personas, integrado por instituciones gubernamentales y da entrada a cinco organizaciones de la sociedad civil, con voz y voto para articular la política pública”.
Sin embargo, el Centro se resistió a participar, “porque a veces los consejos solo sirven para avalar decisiones que no tienen ninguna consecuencia real para las víctimas”.
En contraste, las comunidades argumentaron que debían formar parte, “porque era un espacio ganado y se podía incidir en las políticas públicas. Fue todo un andamiaje para lograr la política pública”, agrega.
La normativa involucra a dependencias como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y el Instituto Estatal de la Mujer, además de autoridades federales.
“Con las organizaciones se buscaba articular la política pública. Qué ocurría, que luego no iban los tomadores de decisiones. Mandaban a quienes no sabían del tema”, reprocha. A pesar de esa reticencia, lograron incidir.
Estancamiento
En 2011, ya bajo el mandato de Mariano González Zarur, “se logró aprobar la política pública. En 2012 se armó el plan sexenal. Se pedía atención por parte de la SESA, capacitación a servidores, articularse con la PGJ. Mandataba acciones de educación en las escuelas públicas, a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se preveían medidas de atención, mujeres que fueran rescatadas con protocolos adecuados para ubicar víctimas para que tuvieran atención adecuada”. Pero nada de esto “se cumplió en la administración de González Zarur. Hay desinterés, desinformación, no hay capacitación para los funcionarios”.
Para 2016 se pidió la emisión de la alerta de violencia de género. El informe que da el grupo de expertos habla de excesos. A manera de ejemplo, refiere que el ministerio público asume la denuncia de una mujer como un problema entre particulares, entre la mujer y su supuesta pareja, que es el tratante y quiere conciliar, cuando no tiene la obligación de hacer eso”, rememora.
Por si fuera poco, diagnostica la activista, las unidades municipales de atención a las mujeres carecen de recursos técnicos y financieros, además de adolecer de falta de personal preparado. “Los funcionarios no están capacitados con una perspectiva de género ni con una perspectiva de derechos humanos. No hay una atención real a las víctimas y no hay nada en el tema de prevención. Hay política pública y proyectos, pero no hay presupuestos. No hay voluntad política”, reclama. Al término del gobierno de González Zarur “no hubo gran avance. Públicamente se decían preocupados, pero en la práctica y en el aterrizaje de política pública no la había”.
Con la nueva administración estatal llegó la solicitud de alerta de violencia de género, pero por una cuestión de imagen, se pidió que no se declarara. Durante seis meses “crea presupuestos, abre la Casa de Justicia para las Mujeres, inicia una campaña de violencia contra las mujeres, y reporta un montón de capacitación para funcionarios públicos. Sin embargo, el último reporte indica que la campaña no tenía el enfoque ni la perspectiva de género ni de derechos humanos, que había confusión de términos, se habían privilegiado una imagen y no los contenidos. Las capacitaciones no correspondían con las necesidades”, acota Méndez.
La necesidad de educar
Para la directora del Centro Fray Julián Garcés se necesita un programa educativo para las escuelas, “un programa estatal para prevenir, atender e investigar. Se requiere una campaña, con capacitación y seguimiento permanente, además de un protocolo para detección de mujeres víctimas, a las que se debe dar atención, por medio de casas refugios, acompañamiento integral, atención sicológica y jurídica, para que se pueda recuperar su proyecto de vida, “hasta donde se pueda”. Pero, a decir de la defensora de los derechos fundamentales, “hasta ahora el gobierno no ha avanzado”.
En 2017, el Centro hizo una investigación de percepción, similar a la efectuada por Patricia Olamendi, para ubicar en cuáles comunidades se percibe el fenómeno de trata de personas con fines de explotación sexual. Y el resultado es por demás alarmante, ya que detectaron que de 23 pasó a 40 municipios. “Puedes ver toda la impunidad”, externa.
Además, preguntaron cuántas denuncias hubo de 2011 a 2016. De las 200 denuncias reportadas, solo 13 llegaron a una sentencia. “Y una se cayó. Más de 90% de las denuncias quedan en impunidad. ¿Quién va a querer denunciar? La CNDH acaba de emitir un diagnóstico en 2019, de 108 denuncias sólo dos llegaron a sentencias. Sólo dos. Cuando el gobernador sale a decir que las denuncias han bajado, claro, porque quién va a querer denunciar, cuando ya diste datos de tratantes. La misma Patricia Olamendi decía en ese momento, ‘Yo no sé si las mujeres vivan. Porque dieron datos, nombres, direcciones y las regresaron a sus domicilios’.
Es la impunidad en toda la extensión de la palabra”.
-¿Cuántas mujeres y niñas en Tlaxcala son víctimas de trata?
-No tenemos ese dato. No hay estimación.
-¿Hay condiciones en México para legalizar el sexoservicio?
-No hay condiciones, por esto que te estoy diciendo. Lo primero que habrá que ver cuando se dice “Están porque quieren”, habrá que ver la garantía de los demás derechos. Habrá que ver si tuvieron derecho a la educación, derecho a la salud. Lo que pasa es que hay una violación integral de los derechos. El derecho a la salud no está garantizado. Si quieres tener educación, con un salario bajo no alcanza. No hay trabajo digno, no hay ingreso digno, no hay un acceso a la salud digna, no hay un acceso a la salud digna. Tienes condiciones deplorables.
“Hay mujeres que efectivamente dicen “Yo de ganar mil 100 a la semana, con un trato indigno, pues mejor me lo gano en dos noches” Y ya. Eso ya es una condición que no sea una decisión real.
“Se legalizaría la trata, incluyendo la impunidad. Noventa y nueve por ciento de las personas explotadas con fines sexuales son mujeres. No hay condiciones para legalizar la prostitución.
“Son mujeres que enamoran, que utilizan esa ausencia y esa necesidad de amor, de escucha, de comprensión. Eso lo utilizan muy bien los tratantes. Entonces lo que ganan es la voluntad de la persona, la induces al negocio y claro que ellas van a decir “Yo lo hago por amor”. Al final es un delito. Está siendo obligada a tener 30 relaciones sexuales por día. Y ya no hablemos de lo que ocurre ahí. Las golpean, a varias las matan, las asesinan, cuando los clientes llegan borrachos o drogados, cuando no quieren hacer las posiciones que a ellos se les ocurren. Hay deshumanización por parte de las personas. En Tlaxcala legalizar la prostitución es legalizar la trata”.
-¿Todo está determinado por el modelo económico neoliberal?
El marco está modelado por el sistema capitalista. Poner la ganancia por encima de todo. Este es demasiado agresivo. No hay derechos sociales garantizados. Los recursos naturales se explotan al máximo.
-¿Advierten algún avance o estamos igual o peor que cuando el Centro empezó a visibilizar el problema?
-Ya es un problema público. Está en la agenda. Es un avance, que se reconozca, aunque ha aumentado la cantidad de municipios con este problema.
-¿Por qué pasó de 23 a 40 municipios el problema?
-Por la impunidad. Si los otros lo hacen y no los castigan, yo también voy a hacerlo. O si de 200 o de 108 denuncias, que es el último diagnóstico que sacó la CNDH, sólo dos llegan a castigo. Pues puedo seguir operando así.
Es un negocio muy redituable. Genera ganancias estrepitosas, que ayuda a fomentar la impunidad.
-¿De qué manera este delito afecta al tejido social?
–Lo afecta totalmente. Hay este tipo de delincuencia, que se enquista en las comunidades. Se va normalizando esa forma de violencia, se va justificando. Ajustado por el principio de la ganancia por encima de lo que sea. Se rompen códigos comunitarios de respeto y convivencia. Se capta a los jóvenes con este tipo de delincuencia. Hay una cosificación de las personas. Rompes con la comunidad.
-¿Qué sigue para el Centro Fray Julián Garcés? -Pedimos al gobierno del estado la creación de un programa educativo que pueda realmente prevenir la trata de mujeres en Tlaxcala, que sea implementado en todas las escuelas, no solamente en la secundaria, sino que sea desde preescolar hasta la preparatoria. Que defina a la trata como una forma de violencia extrema. Que siga el fortalecimiento de las comunidades, con los grupos de jóvenes, de las comunidades. Esa es nuestra génesis. Esa es la apuesta para el Centro.
